Antes de pasar a manos privadas, AySA pone sobre la mesa una reforma que puede sentirse fuerte en las boletas del AMBA. Desde las 10 de este lunes, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) realiza de manera virtual una audiencia pública para analizar la propuesta de la empresa de rediseñar los "coeficientes zonales", el factor que ajusta las facturas de agua y cloacas según la ubicación de cada inmueble en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano.
Los números del esquema son contundentes. Según los documentos presentados, 1.998.747 usuarios residenciales pagarían más, con una suba promedio del 22,6%: la factura media mensual pasaría de $29.116 a $35.710, sin impuestos y a valores de septiembre. Otros 683.927 hogares tendrían una baja promedio del 14,7%, de $27.889 a $23.798, y 672.194 quedarían igual. El reparto es de alrededor de 60%, 20% y 20%, y todo esto se sumaría a las actualizaciones habituales por inflación.
La lógica detrás del cambio es reemplazar once coeficientes definidos entre las décadas del 60 y del 80 por una escala de cinco niveles, de 0,75 a 2,75, elaborada con datos del Censo 2022 y estimaciones de ingresos por radio censal. La empresa sostiene que el sistema actual quedó viejo: hoy el 88,8% de la superficie urbana figura en la categoría baja, incluidas zonas que se valorizaron mucho. Además, más de la mitad de la recaudación extra saldría de quitar un descuento adicional del 15% que rige en las zonas más bajas, algo que afectaría a 504.044 usuarios.
La audiencia promete cruces. Según el listado de inscriptos, el primero en hablar será el presidente del ERAS, Walter Méndez, seguido por el titular de AySA, Alejo Maxit. Del lado crítico expondrán el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, además de asociaciones de usuarios y defensorías. Los dirigentes peronistas cuestionarán la paralización de obras, los aumentos por encima de los salarios y lo que consideran un "vaciamiento" de la compañía.
La aplicación sería gradual. Las bajas llegarían completas desde el primer mes, mientras que para las subas por reclasificación habría un tope del 5% mensual sobre los cargos variables, cerca de un 4% sobre la factura total. El descuento del 15% se retiraría en tres escalones: 10%, 5% y cero. Con ese cronograma, el 37% de los afectados completaría el ajuste en tres meses, el 63% en seis y el 96% en un año, aunque algunos casos se estirarían hasta el mes 19. Hay aumentos máximos de hasta el 149%, pero las subas mayores al 100% alcanzarían solo al 3% de los usuarios.
Según la empresa, el rediseño generaría unos $140.000 millones anuales adicionales que irían íntegramente a reforzar la Tarifa Social, que hoy tiene unos 122.000 beneficiarios. "El ingreso final de AySA no aumenta", sostiene la presentación. En Capital, las subas más fuertes se verían en Puerto Madero, parte de Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, y en el conurbano, en countries y zonas cercanas a centros comerciales. Fuentes de la compañía señalaron además que la morosidad ronda el 12% y que hay unos 400.000 usuarios sin pagos registrados en cinco años.
La audiencia no es vinculante: el ERAS deberá evaluar las exposiciones y resolver si aprueba el esquema, con qué condiciones y desde cuándo. Todo ocurre en paralelo a la privatización: el Ministerio de Economía adjudicó el 90% de las acciones al consorcio de Rowing, Arcos Saneamento, PHX y Transclor por 340,2 millones de dólares, y el 13 de noviembre vence el plazo para firmar el contrato. El nuevo operador tomaría la gestión entre enero y febrero de 2027 y deberá cumplir un plan de inversiones de al menos 1.940 millones de dólares en los primeros cinco años. En el mercado ya suena Teófilo Lacroze, ex Shell y Raízen Argentina, para presidir la empresa en su nueva etapa.
Con información de Infobae, La Nación y Clarín
Foto: Infobae
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