La causa $LIBRA no está cerrada, al menos para los inversores que perdieron plata con el token que promocionó Javier Milei. Uno de los damnificados, Juan Patricio Marchetto, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para apelar el sobreseimiento que el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó el viernes pasado a favor del Presidente, de su hermana Karina Milei y de los otros nueve imputados. El recurso, patrocinado por el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik, pide que se revoque la decisión, que siga la investigación y que se llame a indagatoria a los acusados.
El escrito tiene unas 40 páginas y sostiene que el fallo le provoca al inversor un "gravamen irreparable". El argumento central es que el juez confundió la falta de pruebas suficientes con la inexistencia de delito: una cosa, dicen los abogados, es no tener todavía acreditada una hipótesis, y otra muy distinta es afirmar que los hechos no encuadran en ninguna figura penal. Entre los sobreseídos figuran también los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis, responsable del lanzamiento del criptoactivo.
El dato que encendió las críticas lo reveló La Nación: el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que pidió cerrar el caso, se firmó el jueves a las 11:32 y la sentencia de Martínez de Giorgi quedó suscripta el viernes a las 14:29. En unas 26 horas, el juez revisó las 58 hojas del dictamen y tuvo listo un fallo de 60. Fuentes del juzgado explicaron que el magistrado quiso dejarlo firmado ese mismo viernes porque "tenía un viaje programado". Además, desde el 3 de julio los inversores ya no eran querellantes, porque el propio juez les había quitado ese rol, con lo que solo el fiscal podía impulsar la causa.
La apelación enumera los elementos que, a juicio de la querella, obligaban a seguir investigando. Menciona el documento "Kelsier Group LATAM Agreement", que preveía pagos millonarios y hablaba de lograr una "asociación indirecta con el gobierno argentino", y los registros de llamadas entre Novelli y el Presidente en los minutos previos y posteriores al lanzamiento. Según Clarín, también vuelve sobre uno de los puntos más llamativos del expediente: 74 billeteras que hicieron 87 compras por 135 millones de dólares segundos antes del posteo de Milei, con información presuntamente privilegiada.
Los abogados remarcan además que Taiano nunca citó a declarar a ninguno de los once investigados y que el cierre llegó con pruebas todavía en curso, como la ampliación de peritajes sobre los teléfonos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, que recibieron cinco millones de dólares de Davis. También destacan que la investigación logró congelar más de 44,5 millones de dólares en una billetera vinculada a la operatoria. "El sobreseimiento no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual se declare irrelevante aquello que la propia investigación todavía no terminó de investigar", resume el escrito.
Del otro lado, el fiscal había concluido que no existía "sustento fáctico alguno" para seguir. Para descartar la estafa, sostuvo que el proyecto existía, que el token se lanzó y que la operatoria fue pública y trazable en blockchain. Para descartar los delitos de funcionario público se apoyó en la Oficina Anticorrupción, que había resuelto que Milei no violó la ley de Ética Pública porque promocionó el token desde su cuenta personal en X. La querella, en cambio, insiste en que "sin corrupción no hubiera existido estafa" y hasta compara el caso con la reapertura de la causa de la Ruta del Dinero K.
Ahora el juzgado debe decidir si concede el recurso y lo eleva a la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Antes de discutir el fondo, esos jueces tendrán que resolver si los inversores pueden apelar sin ser querellantes, algo que la defensa de Marchetto justifica con un plenario de Casación de 2006. En paralelo sigue pendiente en la Cámara Federal de Casación Penal el pedido para devolverles ese rol, y otro inversor, Martín Romeo, presentará su propia apelación con el abogado Nicolás Oszust. La pelea judicial por $LIBRA, lejos de terminar, entra en una nueva etapa.
Con información de Infobae, La Nación y Clarín
Foto: Clarín
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