La Justicia puso en marcha las primeras medidas de prueba en una causa por presunta estafa contra el escritor Hernán Casciari y su productora Orsai Audiovisuales. La fiscal Mónica Cuñarro, a cargo de la investigación delegada por el Juzgado N° 34 de la jueza Laura Bruniard, busca determinar si el esquema de financiamiento colectivo utilizado para producir contenidos audiovisuales constituyó un delito penal o un conflicto contractual derivado de un negocio fallido.
La causa se originó a partir de una denuncia colectiva impulsada por el abogado Marcelo Ariel Gil Ces en representación de inversores que aportaron fondos a los proyectos cinematográficos difundidos en medios de comunicación. Los denunciantes sostienen que colocaron miles de dólares bajo la promesa de rentabilidad segura y recibieron montos mínimos. Uno de los damnificados declaró ante la Justicia: “Nunca dijo que era una inversión riesgosa; por el contrario, siempre optó por incentivarnos a invertir más porque era muy seguro que íbamos a tener ganancias”.
Frente a este escenario, la fiscalía solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos completos de la firma para constatar la composición societaria y el directorio de la empresa. Además, fijó un cronograma de declaraciones testimoniales para 24 presuntos damnificados, quienes deberán presentarse a declarar en los tribunales porteños entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre.
La acusación formal remarca irregularidades en el manejo de más de 23.000 participaciones, denunciando falta de presupuestos detallados, balances incompletos y modificaciones económicas sin consulta previa. En paralelo a la causa judicial, la plataforma digital de Orsai Audiovisuales dio de baja su pestaña de recaudación colectiva y dejó un mensaje en pantalla con dos únicas opciones: “volvé a tu vida” o “volvé a equivocarte”.
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