Francia se prepara para un sábado de máxima tensión. Una semana después de la jornada de protestas contra el alto costo de vida que terminó en saqueos, incendios y enfrentamientos, el gobierno desplegará alrededor de 70.000 policías y gendarmes en todo el país para contener un "nuevo acto" de movilización. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció un operativo "altamente móvil", con helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua, y advirtió que las autoridades serán "absolutamente inflexibles" con quienes cometan hechos de violencia. Además, el Louvre y otros grandes museos de París permanecerán cerrados.
La magnitud del dispositivo se explica por lo que pasó el 17 de octubre. Ese día, unas 550.000 personas marcharon en todo el país, 110.000 de ellas en París, según el Ministerio del Interior, y la violencia dejó 1200 detenidos y unos 3000 comercios dañados o saqueados. Fue el episodio de disturbios más grave en años. El primer ministro Sébastien Lecornu admitió que la respuesta oficial había sido "poco reactiva", y el ministro delegado Jean-Didier Berger precisó que esta vez habrá un 20% más de efectivos. También se sumarán militares de la operación Sentinelle y unidades de elite como el GIGN, la BRI y el RAID.
El movimiento nació en las redes sociales como un rechazo al aumento de los combustibles y fue sumando a estudiantes secundarios, antiguos integrantes de los "chalecos amarillos", activistas climáticos y productores agropecuarios, a solo seis meses de las elecciones presidenciales. El presidente Emmanuel Macron expresó su "indignación" y su "vergüenza" por los desmanes y anunció que las manifestaciones no sindicales estarán prohibidas "en todos los lugares donde sea posible". Ciudades como Lyon, Niza y Montpellier prohibieron las marchas, mientras que en París solo se autorizó el recorrido de la central sindical CGT.
Las restricciones generaron rechazo de inmediato. La Asociación para la Defensa de las Libertades Constitucionales y el Sindicato de la Magistratura presentaron un recurso de urgencia ante el Consejo de Estado, que tiene 48 horas para pronunciarse. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, habló de un "giro preocupante" y sostuvo que los sindicatos no pueden tener el monopolio de la protesta, aunque pidió a sus 600.000 afiliados que marchen en paz. Los chalecos amarillos finalmente aceptaron sumarse al recorrido oficial, con cita en la plaza de la Bastilla.
El clima se volvió todavía más tenso por un atentado racista ocurrido este viernes en Trappes, al sudoeste de París, donde un hombre disparó contra personas de color y presuntos integrantes de la comunidad musulmana: una persona murió y otras cinco quedaron heridas, entre ellas una nena de 12 años. Macron viajó al lugar y calificó el ataque como "un punto de inflexión para nuestra República". En paralelo, el gobierno y La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, mantienen un duro enfrentamiento por la responsabilidad de los disturbios del 17.
La ciudad se blindó como pocas veces. En París cerrarán 24 estaciones de metro desde las 9 de la mañana y habrá toque de queda nocturno en las zonas de République y Les Halles hasta el lunes. La alcaldía pidió retirar tachos de basura, bicicletas y mesas de las veredas para que no sirvan como proyectiles, y las tiendas Apple no abrirán. La feria Art Basel Paris abrió al público solo el viernes y canceló el fin de semana. "Es muy triste, vinimos a la feria y no pudimos entrar", lamentó el visitante mexicano Fabián Hernández.
La inteligencia francesa estima que el sábado saldrán a la calle entre 400.000 y 500.000 personas, de las cuales hasta 120.000 estarían en París. Otro foco será Orléans, donde se celebra el congreso de Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, y unas 30.000 personas convocaron a una marcha contra la extrema derecha. El gobierno prometió responder desde el lunes la mayoría de los reclamos estudiantiles, pero el resultado de la jornada marcará el rumbo de un conflicto que ya condiciona la carrera hacia el Elíseo.
Con información de La Nación e Infobae
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