Foto: Infobae
Después de una sesión maratónica que terminó en la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por amplísima mayoría el nuevo proyecto de Ley de Discapacidad. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza reunió 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, una cifra que supera con holgura los dos tercios del recinto. Para llegar a ese número, el oficialismo tuvo que aceptar buena parte de los cambios que reclamaban la oposición, las organizaciones del sector y la Iglesia, y sumó así el respaldo de Unión por la Patria. Así, el texto quedó con un respaldo transversal poco habitual en esta etapa del Congreso.
El texto, bautizado como Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reemplaza el esquema transitorio de la emergencia vigente, que vence el 31 de diciembre, por un régimen permanente. Mantiene el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual de las prestaciones por inflación y la pensión no contributiva, que podrá cobrarse junto con un empleo registrado siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó su costo en $598.912 millones para 2027.
La votación significó una marcha atrás de peso respecto de lo que el propio Poder Ejecutivo había planteado en el Presupuesto 2027, que impedía cobrar la pensión a quienes tuvieran trabajo formal y eliminaba los aranceles universales de las terapias. La discusión había nacido de la oposición: el diputado Juan Marino presentó un proyecto para prorrogar un año la emergencia y logró emplazar a las comisiones. En lugar de rechazarlo, el oficialismo, con Laura Rodríguez Machado al frente de las negociaciones, propuso un texto “superador”. Ese proyecto, en rigor, elimina la noción de emergencia pero conserva los puntos centrales de la norma vigente.
El acuerdo final se cocinó en reuniones contrarreloj. El martes por la noche, el presidente de la Cámara, Martín Menem, se sentó con legisladores libertarios, con Oscar Zago y con el misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque Argentina Federal, cuyos nueve diputados responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua. Herrera Ahuad, que es hipoacúsico, ofició de mediador y llevó cinco cambios de fondo. También pesó la Pastoral Social, encabezada por monseñor Dante Braida. Durante el tramo final del debate estuvo presente Karina Milei.
Entre las modificaciones incorporadas figura la más reclamada: el financiamiento. La ley obliga a asignar partidas específicas cada año desde el Ministerio de Salud y fija que esos recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. Además, garantiza la cobertura del programa Incluir Salud para titulares de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral, ordena comunicar en 30 días un cronograma de pagos a los prestadores y saldar esas deudas en 90 días, y da 160 días para presentar descargos ante una auditoría.
Las reacciones fueron inmediatas. El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, celebró una respuesta “clara y permanente” sin depender de “emergencias ni leyes temporales”, aunque cuestionó a los diputados cercanos al gobernador Martín Llaryora, que votaron en contra. “Basta de usar la discapacidad como herramienta de manipulación política”, lanzó Gerardo Huesen. Desde la vereda opuesta, Victoria Tolosa Paz afirmó que los derechos “se garantizan con presupuesto”, Jorge Taiana reclamó “Milei cumplí la ley” y Maximiliano Ferraro habló de “una conquista” de las familias.
No todos quedaron conformes: la cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, advirtió que el texto “genera incertidumbre” en el sector. Con la media sanción en la mano, el proyecto deberá ser debatido ahora por el Senado y, hasta su sanción definitiva, no entrará en vigencia. El respaldo de más de dos tercios, sin embargo, lo deja blindado frente a un eventual veto presidencial. El próximo round será el Presupuesto 2027, que empieza a tratarse en comisión la semana próxima y deberá reflejar los compromisos asumidos en el recinto. Para Rodríguez Machado, “la sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal”.
Con información de Clarín, Infobae y TN
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