El expediente por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un vuelco este jueves. Un informe técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no es posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, ni asignar técnicamente las voces que se escuchan en las grabaciones a ninguna de las personas imputadas. El resultado llega después de meses de idas y vueltas judiciales y le pone un signo de pregunta a la principal prueba que dio origen a la investigación.
Según el dictamen, los archivos que en una primera revisión reunían condiciones para ser analizados mostraron rasgos compatibles con una regrabación, un fenómeno que los especialistas llaman transferencia acústica. Los peritos también encontraron discontinuidades abruptas e inconsistencias de sonido que no encajan con una grabación continua, y advirtieron que esas marcas podrían deberse a cortes, intervenciones o ediciones hechas después del registro original. Además, señalaron que no se puede descartar una manipulación del material ni el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.
Un punto clave del informe es la cadena de custodia. Los expertos de Gendarmería dejaron asentado que ese circuito, que garantiza que un archivo peritado sea exactamente el mismo que se obtuvo al principio, ya estaba roto antes de que el material llegara al laboratorio. Esa falla condicionó todo el análisis. Los peritos de parte que participaron del estudio coincidieron en que, con los elementos disponibles, no había forma de llegar a una conclusión definitiva sobre el origen de las grabaciones.
La causa nació a partir de la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo describía un supuesto esquema de sobornos a prestadores y droguerías ligado a la compra de medicamentos. En uno de los fragmentos se mencionaba que parte de ese dinero tendría como destino a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, lo que convirtió el caso en uno de los mayores escándalos políticos del Gobierno. Pese a esa mención, Karina Milei nunca estuvo imputada en el expediente.
La defensa del exfuncionario, encabezada por los abogados Mauricio D'Alessandro y Pablo Parera, venía sosteniendo desde el inicio que el material podía haber sido editado o directamente fabricado con inteligencia artificial. Incluso había cuestionado ante el juez el pendrive con 58 archivos que el periodista Mauro Federico entregó a la Justicia, al advertir que fue recibido sin inventario, sin acta detallada y sin código hash. Ese planteo, que en su momento fue rechazado, ahora encuentra respaldo parcial en las conclusiones técnicas.
El camino hasta este informe fue largo. El juez federal Ariel Lijo ordenó la pericia en mayo y dispuso que Spagnuolo aportara muestras de su voz para un cotejo. La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por Roberto Boico y Eduardo Farah, rechazó en septiembre la nulidad que había pedido la defensa y validó el estudio. En paralelo, los propios peritos de Gendarmería revisaron su criterio sobre uno de los audios más largos, de algo más de tres minutos, que primero habían considerado apto para la comparación.
Ahora la pelota vuelve a estar en el despacho de Lijo, que deberá evaluar el alcance del informe y decidir qué hacer con las medidas de prueba que siguen pendientes. Que las grabaciones no puedan autenticarse no implica, por sí solo, el cierre de la investigación sobre las supuestas irregularidades en la ANDIS, que continúa abierta. En los próximos días se espera que las partes presenten sus lecturas del dictamen: la defensa de Spagnuolo ya tiene un argumento fuerte para insistir en que la causa se armó sobre una prueba endeble, mientras que la fiscalía deberá demostrar que la acusación puede sostenerse con otros elementos.
Con información de Infobae y Tiempo de San Juan
Foto: Infobae
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