El conflicto entre el sindicalismo y el Gobierno por el dinero de las obras sociales escaló a los tribunales. Unos 50 gremios, encabezados por el líder gastronómico Luis Barrionuevo, preparan una presentación conjunta ante la Justicia para exigir que el Ministerio de Economía libere unos $688 mil millones que, según denuncian, mantiene retenidos y que corresponden al sistema sindical de salud. El escrito incluirá una denuncia contra el ministro Luis Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y se presentaría en las próximas horas.
El reclamo se divide en dos partidas. La primera son unos $288 mil millones depositados en un plazo fijo en el Banco Nación, vinculados al Fondo Solidario de Redistribución, que es el que paga los reintegros a las obras sociales. La segunda, unos $400 mil millones colocados en fondos FIMA, provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia que administra la Superintendencia de Servicios de Salud. Además de la devolución, los gremios pedirán que se actualice el nomenclador con el que el Estado paga los medicamentos, congelado desde hace unos tres años: hoy, aseguran, las obras sociales recuperan apenas el 10% de lo que gastan.
El origen de esa plata tiene historia. Los $288 mil millones nacen de una partida adicional de casi $148 mil millones que el entonces ministro Sergio Massa incorporó al Presupuesto 2023 a pedido de la CGT, para financiar prestaciones críticas como las de discapacidad; el saldo creció con los intereses del plazo fijo. Los otros $400 mil millones surgieron del acuerdo de 2017 por el que la prepaga OSDE pagó unos $8 mil millones tras ser denunciada por Swiss Medical por no ingresar los aportes de sus afiliados voluntarios. En 2019, un decreto pasó esos recursos al fondo de emergencia.
La decisión de judicializar el tema se tomó en una reunión en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza, con gremios del sector de Barrionuevo y la UOM Capital de Roberto Bonetti. La movida tiene un respaldo de peso: el Sindicato de Comercio de Armando Cavalieri, que maneja OSECAC, la obra social con más afiliados del país. Pero también es un desafío a la conducción de la CGT, a la que el barrionuevismo le reprocha no haber tomado "ninguna medida concreta" pese a tres reuniones infructuosas con el ministro de Salud, Mario Lugones.
La crisis del sistema es profunda. Según fuentes de la central obrera, cerca del 90% del Fondo Solidario se va hoy en prestaciones por discapacidad, que cuestan en promedio casi un millón de pesos por afiliado y suman unos $160 mil millones por mes. Eso deja muy poco margen para reintegrar tratamientos de alta complejidad y medicamentos caros. "Estamos en una encerrona", resumió el sanitarista Luis Scervino, extitular de la Superintendencia y asesor de la CGT. "La caída del poder adquisitivo del salario y el aumento exponencial del gasto médico obligan a las obras sociales a cubrirlo. Esto es una olla a presión", advirtió.
El frente judicial llega con un endurecimiento del discurso. Barrionuevo rechaza el paro parcial de dos o cuatro horas que analiza la CGT para después de la visita del papa León XIV y reclama una huelga general de 36 horas con movilización contra las políticas de Javier Milei. Además, su gremio, la UTHGRA, hará un paro nacional y una marcha al Ministerio de Capital Humano el 16 de noviembre para exigir que se certifique a sus autoridades electas y se homologue su último aumento salarial.
Lo que viene es la presentación formal del escrito, que un grupo de abogados termina de redactar, y la respuesta del Gobierno, que hasta ahora no se pronunció públicamente sobre el reclamo. Si la Justicia le da curso, Caputo quedará en el centro de una causa que puede condicionar la relación con los gremios en plena discusión por el financiamiento de la salud. Mientras tanto, muchos sindicatos siguen usando fondos propios para sostener la atención de millones de afiliados.
Con información de Infobae y La Voz
Foto: Infobae
No hay comentarios
Publicar un comentario