Después de una sesión larga y tensa que se estiró hasta la madrugada de este viernes, el Senado de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo media sanción con 42 votos a favor y 21 en contra y ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá armar una nueva mayoría para convertirlo en ley. El tema se instaló de inmediato en las tendencias de X en Buenos Aires, con "Ley de Salud Mental" y "El Senado" entre lo más comentado del día.
El resultado no salió gratis. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, tuvo que negociar con los aliados del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas, que condicionaban su apoyo a dos puntos: el financiamiento para las provincias y el lugar de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones. El texto final refuerza la obligación de la Nación de brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, con la posibilidad de firmar convenios bilaterales. Esos recursos se coordinarán en el Consejo Federal de Salud (COFESA) y apuntarán a personal, dispositivos comunitarios y telemedicina.
El otro cambio clave tocó la composición de los equipos que evalúan internaciones y altas. El proyecto original del Poder Ejecutivo le daba un rol central al psiquiatra, algo que generó rechazo en las facultades de Psicología y en varias provincias. La redacción consensuada establece que la evaluación la hará un médico, preferentemente psiquiatra o formado en salud mental, junto con un segundo profesional que deberá ser psicólogo. Además, se amplían los criterios para disponer internaciones involuntarias ante riesgo grave para la vida propia o de terceros, y cuando un solo médico la indique por urgencia, el plazo para revalidarla con un equipo interdisciplinario pasa de 24 a 48 horas.
La reforma también habilita teleconsultas donde no haya especialistas y suma otras adicciones, como la ludopatía, al abordaje de los consumos problemáticos. Al mismo tiempo, mantiene dos principios de la Ley 26.657, sancionada en 2010: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones. El Gobierno había enviado el proyecto al Senado en abril, y desde entonces la discusión enfrentó a psiquiatras y psicólogos, a organizaciones de derechos humanos y a agrupaciones de familiares que reclaman cambios desde hace años.
En el recinto, el kirchnerismo rechazó de plano la iniciativa, mientras que el bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría. La senadora jujeña Carolina Moisés advirtió que no alcanza con ampliar las internaciones si no hay lugares ni profesionales: "Si no están los espacios físicos, ¿dónde van a internar a los enfermos?", planteó. Del lado oficialista, el senador Pablo Cervi sostuvo que la reforma busca "saldar una deuda histórica" con los pacientes y sus familias. Bullrich, en el cierre, rechazó la pelea entre profesiones: "Son dos miradas, pero ambas necesarias", dijo.
Afuera del debate técnico, las familias celebraron. Stella Maurig, fundadora de La Madre Marcha, cuyo hijo David murió en 2019 tras años de lucha contra las adicciones, dijo a La Nación que es "la primera alegría" que puede disfrutar desde aquella pérdida. Juan Roza Alconada, director de la organización Ícona y hermano del joven que en 2020 mató al inspector Juan Pablo Roldán frente al Malba durante un brote psicótico, consideró que el nuevo esquema permitirá intervenir "sin necesidad de esperar a que el daño se produzca". También acompañó el reclamo Marina Charpentier, madre del cantante Chano.
Lo que viene ahora es el tratamiento en Diputados, donde La Libertad Avanza necesitará otra vez del apoyo de los bloques aliados. La implementación real de los compromisos de financiamiento dependerá de los convenios con cada jurisdicción y del presupuesto disponible, un punto que seguirá en discusión. Mientras tanto, profesionales y organismos de derechos humanos anticipan que seguirán advirtiendo sobre posibles retrocesos en garantías individuales, y las familias prometen sostener la presión para que la reforma termine de salir.
Con información de TN y La Nación
Foto: TN / Comunicación Senado
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