La salida de Flávio Bolsonaro por la Argentina ya tiene un expediente en marcha en los tribunales federales de Comodoro Py. La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó este jueves las primeras medidas de prueba en la causa que busca determinar si funcionarios del gobierno de Javier Milei colaboraron con el operativo que permitió al senador brasileño, su esposa y sus dos hijas salir desde Puerto Iguazú rumbo a Miami. Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió a defender el procedimiento con una frase que se volvió tendencia: "No tenía impedimentos de Interpol".
La magistrada mandó preservar todas las filmaciones de Migraciones en el Puente Internacional Tancredo Neves y en el aeropuerto de Puerto Iguazú, incluidas las del avión, correspondientes al 27 y 28 de octubre. También pidió a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería que certifiquen si Bolsonaro tenía algún impedimento para ingresar al país y si se recibieron alertas desde Brasil. La fiscal Paloma Ochoa había propuesto diez diligencias preliminares, pero la jueza no aceptó todas: actuó con cautela antes de definir si se abre formalmente la investigación con imputados.
La causa comenzó con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y otros funcionarios por encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. El diputado Esteban Paulón presentó otra denuncia contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo, que quedó en el juzgado de Sebastián Ramos y podría unificarse. En paralelo, la fiscalía de Puerto Iguazú avanza con una presentación similar de la diputada Marcela Pagano.
Según Migraciones, Bolsonaro entró a las 22.50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. A las 0.21 del día siguiente despegó un Gulfstream de la empresa Baires Fly, que llevaba 24 horas esperando en la pista, hizo escala en Guayaquil y aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka. Según el manifiesto, viajó con pasaporte italiano. En Brasil, el juez Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y ordenado entregar sus pasaportes, en causas por presunto lavado vinculado a apuestas y por fondos del banquero Daniel Vorcaro.
El Gobierno sostiene que todo fue legal. "Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Viajó a EE.UU. vía Guayaquil", afirmó Santilli desde Rosario, y agregó que si un ciudadano "ingresa sin ninguna limitación, se va sin ninguna limitación". Sobre la derrota del bolsonarismo, prefirió no opinar: "El impacto de Brasil es de Brasil". En la Casa Rosada insisten en que la restricción de la Justicia brasileña no tenía que ver con el control migratorio argentino y que no existía un pedido de captura.
El punto más sensible es el papel de Santiago Caputo. Según un acta de la policía de Misiones, a las 2.50 del 28 de octubre una caravana que venía de Puerto Iguazú fue detenida en la ruta 12, y en una camioneta con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba el asesor presidencial. Consultado por La Nación, Caputo lo negó. Además, los representantes peronistas en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside Sebastián Pareja, enviaron 14 preguntas a la SIDE para saber si el organismo participó del operativo y si se usaron fondos públicos.
Lo que viene puede escalar. Si las imágenes y los informes oficiales muestran participación de funcionarios, la fiscalía podría impulsar la acción penal con imputados. En el Congreso, si las respuestas de la SIDE no alcanzan, los legisladores podrían citar a sus autoridades. Y en el plano diplomático, el episodio abre interrogantes sobre la relación con el Brasil de Lula da Silva y sobre la cooperación en la Triple Frontera, un punto que los legisladores también incluyeron en su cuestionario. La fuga duró menos de dos horas, pero sus consecuencias recién empiezan.
Con información de Infobae y La Nación
Foto: Infobae
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