$Libra: la decisión judicial que desactiva la causa más sensible contra Javier y Karina Milei

 

En una resolución de alto impacto institucional que sacudió los pasillos de los tribunales de Retiro, la Justicia federal resolvió desvincular de forma definitiva al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El fallo fue dictado este viernes por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, que dispuso el sobreseimiento total de ambos funcionarios en el marco del expediente que investigaba una presunta maniobra de defraudación y estafa vinculada a la promoción del criptoactivo conocido como $Libra.

El expediente judicial se había iniciado tras las denuncias presentadas por un grupo de inversores que acusaron haber sufrido cuantiosas pérdidas económicas tras el colapso financiero del token digital. La controversia se originó a partir de una publicación difundida en redes sociales en febrero de 2025, donde se promocionaba el proyecto de inversión, lo que derivó en presentaciones penales tanto en Comodoro Py como en tribunales internacionales que buscaban determinar si existió una participación dolosa o un esquema deliberado de engaño hacia los compradores.

Tras meses de peritajes técnicos sobre las transacciones en la blockchain y la recolección de testimonios, la sede judicial concluyó que no se configuraron los elementos típicos del delito de estafa ni se acreditó responsabilidad penal imputable a los hermanos Milei. El juzgado determinó que las conductas denunciadas no encuadraron en una maniobra delictiva organizada por las autoridades nacionales, descartando la existencia de un beneficio patrimonial indebido o una connivencia con los creadores de la moneda virtual.

La determinación judicial representa un rotundo respiro político para la Casa Rosada, al desactivar uno de los frentes legales más complejos y mediáticos que la oposición y las querellas particulares intentaban motorizar en los tribunales federales. Aunque los denunciantes aún cuentan con la instancia procesal de apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, la sentencia de primera instancia marca un punto de inflexión definitivo que despeja el horizonte penal del jefe de Estado y su principal colaboradora política.