La crisis institucional que venía cocinándose a fuego lento en Polonia estalló este viernes por la noche. Decenas de efectivos de la Policía de Varsovia rodearon la sede del Tribunal Constitucional, sobre la avenida Szucha, en medio de una pelea abierta por quién tiene derecho a conducir la máxima corte del país. Al mismo tiempo, se conoció que el presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, habían sido apartados de sus funciones por un mes, una decisión que ambos desconocen. El tema se metió de lleno entre las tendencias de X en Buenos Aires.
La orden de suspensión llevó la firma de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien, como magistrada de mayor antigüedad, asumió las funciones de la presidencia de la corte. Según la agencia oficial PAP, los nombres de los dos jueces desplazados desaparecieron de la página web del tribunal. La respuesta llegó enseguida desde la cuenta oficial de la corte en redes sociales: allí denunciaron una "toma ilegal" del sitio, sostuvieron que Święczkowski y Sochański siguen en sus cargos, negaron que Korwin-Piotrowska sea jueza legítima del cuerpo y advirtieron que quienes participen de la maniobra cometen el delito de golpe de Estado.
El conflicto tiene raíces profundas. Desde principios de este año, el presidente Karol Nawrocki, aliado del partido Ley y Justicia, se negó a tomarles juramento a tres de los seis jueces que propuso el Parlamento, dominado por la coalición proeuropea del primer ministro Donald Tusk. A su vez, Święczkowski bloqueó la incorporación de esos magistrados. La gota que rebalsó el vaso fue la designación de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno, como juez de la corte: Nawrocki también rechazó juramentarlo. La disputa por el control del tribunal arrastra años de choques entre el oficialismo actual y los nacionalistas.
Las reacciones fueron inmediatas y durísimas. Tusk defendió lo ocurrido y afirmó que restablecer el Estado de derecho "es un deber" tras "años de arbitrariedad", aunque admitió que se trata de un proceso "difícil, a veces doloroso". En la vereda de enfrente, Jarosław Kaczyński, líder de Ley y Justicia, habló de un "atentado" contra la corte por parte de "los servicios de Tusk" y advirtió que "desde hoy Polonia se convierte en un estado policial". Luego se acercó en persona al edificio para pedirle a Nawrocki que use todas sus facultades para frenar la situación.
El presidente, que viajaba rumbo a Senegal, ordenó dar media vuelta al avión oficial. "En un momento así, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo el vuelo. Regreso", escribió en X. En la calle, el clima se tensó: la policía informó que detuvo a tres personas que intentaron ingresar al predio y aclaró que su despliegue respondió a un aviso sobre posibles riesgos para la vida y la salud de jueces y empleados, además de "comportamientos agresivos" de un grupo que intentaba romper el vallado. Los agentes, de todos modos, no entraron al edificio.
La escalada sumó otras voces de peso. El presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, describió lo sucedido como "una toma de poder por la fuerza que tiene todas las características de un golpe de Estado" y acusó que se instaló "un usurpador sin autoridad" al frente de la corte. En paralelo, el embajador polaco en China, Jakub Kumoch, presentó su renuncia al considerar imposible seguir ejerciendo su tarea diplomática en este contexto.
Lo que viene es una incógnita. Korwin-Piotrowska convocó a una asamblea general de los jueces del tribunal para el 3 de noviembre, con el presupuesto de la corte como tema central, hoy trabado por la crisis. La jueza calificó el momento como "un estado de fuerza mayor constitucional" y le pidió a Nawrocki que ayude a calmar la escalada y abra un diálogo con el Gobierno. Con el presidente de regreso en Varsovia y la oposición movilizada, las próximas horas serán decisivas para saber si la pulseada se canaliza por vías institucionales o se profundiza.
Con información de Infobae, Europa Press y The Objective
Foto: Infobae
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