El Senado vuelve a sesionar este jueves desde las 14 con un plato fuerte que el oficialismo quiere sacar a toda costa: la reforma de la Ley de Salud Mental. Así lo acordaron el miércoles los jefes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria, aunque el proyecto quedó ubicado al final del temario porque varios senadores aliados todavía tienen reparos sobre su contenido. La agenda incluye además un régimen de beneficios fiscales para inversiones desde 12 millones de dólares, la regulación del mercado de créditos de carbono y una invitación al papa León XIV para hablar ante el Congreso.
La reforma llega con un dictamen de mayoría firmado por el PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador correntino Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Sin embargo, algunos de esos legisladores firmaron en disidencia porque consideran que el texto no garantiza las partidas presupuestarias necesarias para aplicar la ley. En paralelo, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen propio con las firmas de Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, lo que anticipa un debate largo.
¿Qué cambia? Las internaciones voluntarias deberán ser comunicadas a la Justicia, y los jueces podrán pedir informes y peritajes e incluso dejarlas sin efecto. Las que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en dos años, serán consideradas prolongadas: en esos casos, el órgano de revisión deberá intervenir de oficio y se creará un registro específico. El texto mantiene la prohibición de los manicomios, prioriza los tratamientos ambulatorios y comunitarios, incorpora la ludopatía entre las adicciones, habilita las teleconsultas con psiquiatras y permite dejar asentado de antemano si se aceptan o rechazan determinados tratamientos.
El punto más caliente es quién firma una internación. La última versión establece que deberá hacerlo un médico, preferentemente psiquiatra, o un profesional con formación en salud mental, y suma una segunda firma pensada para los psicólogos, que intervendrán en la evaluación y en el alta. El Consejo Federal de Salud (CoFeSa) reclamó que ambas profesiones tengan la misma prioridad, en una disputa que incluyó fuertes presiones e incluso a universidades metidas en el medio. Además, varias provincias objetan el costo de implementar los cambios, y el oficialismo prometió precisar el financiamiento para calmar las quejas.
El otro proyecto de peso es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi. Ofrece beneficios a empresas que inviertan desde 12 millones de dólares en bienes nuevos amortizables, excepto automóviles, o en obras destinadas a actividades productivas en el país. La versión final incorporó cambios pedidos por Maximiliano Abad, Martín Goerling y Carlos Espínola para favorecer a los insumos locales. También avanzó el dictamen que crea un Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos.
La sesión arrancará con la jura de la riojana Claudia López, que reemplazará al fallecido Juan Carlos Pagotto, y con homenajes a él y a Norberto Di Próspero, exlíder del gremio legislativo APL, además de un recordatorio de Néstor Kirchner. Quedó desactivado, en cambio, el intento del peronismo de forzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a presentarse el 18 de noviembre: el funcionario acordó con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, ir el 25 de noviembre. Será su primer informe desde que asumió, el 30 de junio.
Con la visita del Papa prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, la invitación para que hable en el Congreso tiene pocas chances, porque la agenda difundida por el Vaticano no lo incluye. La atención estará puesta en la votación de salud mental: si logra los votos, para el Gobierno será una señal de que puede ordenar a sus aliados en una agenda sensible, en un año en el que cada sesión se negocia voto por voto. Si las dudas persisten, no se descarta que el tema vuelva a postergarse.
Con información de TN e Infobae
Foto: TN
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