El buque Danstar, un carguero de bandera chilena con capacidad para 1.389 toneladas, se prepara para zarpar desde Punta Arenas rumbo a las Islas Malvinas cargado de frutas frescas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada. La operación, que estará a cargo de la naviera Easter Island bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation, el organismo de desarrollo económico de la administración ilegal de las islas, busca inaugurar a más tardar en diciembre una ruta comercial que reavivó la tensión entre la Argentina y Chile.
Los detalles del recorrido ya están definidos. Según el gerente comercial de la empresa, Luis Cisternas Ávila, la travesía se hará por el Estrecho de Magallanes y no por el paso Drake, y los cerca de 900 kilómetros de trayecto demandarán dos días y medio. Es menos de la mitad de la distancia que hoy separa a las islas de Montevideo, desde donde llega un servicio marítimo mensual que recorre unos 2.000 kilómetros. El empresario describió la iniciativa como un negocio entre privados, el mismo argumento que esgrimen las autoridades chilenas para defender la ruta ante una posible represalia argentina.
El interés económico es evidente. Las islas tienen unos 3.400 residentes, a los que se suman la guarnición militar británica de Mount Pleasant y unos 400 contratistas civiles, y producen muy pocos bienes propios. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el intercambio podría superar los 20 millones de dólares anuales, una cifra que hoy captura la capital uruguaya. "Vamos a ser como el gran supermercado, el gran home center de las islas", se entusiasmó. Un informe del Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía de la Universidad Nacional de Rosario advirtió que la ruta "no modifica el título jurídico sobre Malvinas, pero abarata, normaliza y hace más sostenible la presencia británica".
En la Argentina, las reacciones no tardaron. El CECIM de La Plata, que agrupa a excombatientes, envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para que aplique la ley 26.659, que sanciona a quienes presten servicios vinculados a actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. El texto define la ruta como "el cordón umbilical logístico del proyecto Sea Lion". En el Congreso, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para denunciar los tratados de inversiones y de doble imposición con Chile, mientras Santiago Cafiero y Nicolás Trotta impulsan convocar al embajador chileno, Gonzalo Uriarte Herrera, para que dé explicaciones.
El Gobierno, en cambio, eligió no escalar. Quirno reconoció las limitaciones del país y la buena sintonía entre Javier Milei y el presidente chileno, José Antonio Kast. "Nosotros no podemos frenar el paso inocente", admitió en una entrevista con A24. Sin embargo, en una cena del CARI advirtió: "Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país". El marco legal pesa: la CONVEMAR y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 garantizan la libre navegación hacia y desde el Estrecho.
Del otro lado de la cordillera también hubo llamados a la calma. Los excancilleres chilenos Alfredo Moreno Charme y Alberto van Klaveren publicaron una columna conjunta en la que advirtieron que la relación bilateral "es demasiado importante para quedar a merced de declaraciones desafortunadas o interpretaciones mal intencionadas". A nivel provincial, la Legislatura de Tierra del Fuego tramita un proyecto de rechazo de la legisladora María Victoria Vuoto, que pide gestiones diplomáticas ante Chile y un informe sobre las cargas, el itinerario y las autorizaciones otorgadas.
La disputa se cruza con otro frente abierto. El gobierno de las islas extendió todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore con respaldo de Londres, y la Argentina pidió el 13 de octubre medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación en la Cuenca Malvinas Norte, la primera vez que el país acude a esa instancia por la cuestión. Las audiencias serán el 10 y 11 de noviembre, mientras se acerca el primer viaje del Danstar, que pondrá a prueba el delicado equilibrio diplomático entre Buenos Aires y Santiago.
Con información de Infobae y del informe de la Universidad Nacional de Rosario
Foto: Infobae
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