El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces entró en una etapa de alto voltaje con la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. Según el organismo, el 88% de lo que facturó la inmobiliaria de la familia Kirchner provino de empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo y sirvió para lavar dinero de la corrupción en la obra pública. La UIF ubicó a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y a su hijo Máximo como organizador.
Los números que expuso la querella son precisos. A lo largo del período investigado, Los Sauces recibió $6.851.650 de las firmas de Lázaro Báez, $18.554.725 del grupo de Cristóbal López y Fabián De Sousa, y $561.665 de la gerenciadora Idea. Esas operaciones, presentadas como alquileres de propiedades y hoteles, explican casi toda la facturación de la sociedad. Para la UIF, la falta de una sede operativa real, la ausencia de personal idóneo y la concentración de ingresos en dos grupos "a precios inflados" confirman que la empresa fue concebida "exclusivamente como un vehículo de reciclaje".
La causa se inició el 4 de abril de 2016 con una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer, y por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal ambos expedientes se juzgan de forma conjunta. Hotesur es la sociedad dueña del hotel Alto Calafate, mientras que Los Sauces se constituyó el 7 de noviembre de 2006 ante el escribano Jorge Ludueña, con Néstor Kirchner, Cristina y Máximo como socios. Según la querella, tras dos años de inactividad empezó en 2009 a captar fondos de manera regular y periódica.
La acusación describe dos "maquinarias" coordinadas. La primera funcionaba desde el Estado: habría garantizado a Báez la adjudicación casi total de la obra vial en Santa Cruz y habría beneficiado a López y De Sousa con licencias de hidrocarburos, juegos de azar y la retención del impuesto a los combustibles a través de Oil Combustibles. La segunda, la hotelera e inmobiliaria, habría permitido que parte de ese dinero volviera a la familia con apariencia legal. La UIF sostiene que la asociación operó entre mayo de 2003 y diciembre de 2016.
Sobre la expresidenta, el organismo le atribuye un "rol directriz indiscutible". Detalló que en noviembre de 2008 aportó a la sociedad un terreno de la calle Alvear, en Río Gallegos, que valuó en $13.500 frente a una tasación pericial de $821.320, mientras una constructora de Báez levantaba allí cuatro departamentos que después alquiló otra firma del mismo grupo. También mencionó la compra de un departamento de 426 metros cuadrados en Madero Center, alquilado a empresas de Indalo, y el retiro de más de dos millones de pesos para uso personal.
A Máximo Kirchner, hoy diputado nacional, la UIF lo señaló como quien "diseñó, ejecutó y dirigió" el esquema. Presidió el directorio desde la fundación, firmó cheques para reservar inmuebles en Madero Center, gestionó la compra de un terreno en El Calafate y del hotel La Aldea del Chaltén, y, según la querella, compareció junto a Martín Báez para "simular" la compraventa de un lote en Río Gallegos por US$97.000. Florencia Kirchner no está en el banquillo porque fue sobreseída por Casación, una decisión que quedó firme hace tres años. La expresidenta sigue el juicio de forma virtual.
La lectura de los requerimientos de elevación a juicio continuará en las próximas audiencias del debate oral. Entre las personas que la UIF incluye en la asociación ilícita también figuran el contador Víctor Manzanares, Romina Mercado, sobrina del matrimonio presidencial, los empresarios Carlos Sancho y Osvaldo Sanfelice, y los escribanos Ludueña y Leandro Albornoz. Las defensas, entre ellas la de Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, tendrán su turno para rebatir una acusación que la UIF resumió con dureza: un "esquema de corrupción sin precedentes" sostenido durante más de doce años.
Con información de Infobae y Clarín
Foto: Clarín
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