El Gobierno puso en marcha otra tanda de privatizaciones viales. Con las firmas de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, el Boletín Oficial publicó este viernes el Decreto 1358/2026, que define 27 rutas de la red nacional que "serán objeto de concesión por peaje". La idea es que los privados se queden con la explotación, la administración y el mantenimiento de esos corredores, y que recuperen lo invertido con lo que cobren en las cabinas.
Según Clarín, el paquete suma unos 12.000 kilómetros. Los tramos atraviesan 16 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. Están, por ejemplo, la 3 en partes de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz; la 9 en Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy; la 11 entre Santa Fe, Chaco y Formosa; la 14 en Corrientes y Misiones; la 22 entre Buenos Aires y La Pampa; la 237 en Neuquén, y la 25 y la 26 en Chubut. La lista se completa con el acceso A0017.
Hasta agosto, la cosa parecía terminada. Con la adjudicación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, el programa que arrancó en 2025, más de 9000 kilómetros ya habían pasado a manos privadas en 16 tramos, con contratos a 20 años, y por ahí circula cerca del 80% del tránsito del país. Tres meses después, la puerta se vuelve a abrir. Varias de las rutas nuevas, como la 3, la 9 o la 14, ya tienen secciones concesionadas, aunque el texto aclara que eso "no implica que se trate de los mismos sectores".
Desde Vialidad Nacional defendieron la medida con el argumento de siempre: que sumar estos tramos al régimen de concesión va a permitir las inversiones para conservarlos, repararlos y ampliarlos, y asegurar que el servicio no se corte. En La Nación la lectura fue más crítica. El anexo del decreto ocupa una sola página, con dos columnas, provincia y número de ruta, y nada más: no aparecen kilómetros, ni progresivas, ni cabeceras. De cada ruta puede salir la traza entera, un pedazo o directamente nada.
Eso deja casi todo en manos de la Secretaría de Transporte, que conduce Mariano Plencovich. Tiene 12 meses para llamar a una licitación pública nacional e internacional y antes deberá hacer audiencias públicas, donde usuarios, provincias y municipios podrán conocer los tramos y opinar. También va a armar los corredores, aprobar los pliegos, evaluar a los oferentes y adjudicar. El esquema es de inversión 100% privada, sin aportes del Tesoro para obra pública.
La cronología tiene su miga. El 31 de julio Vialidad mandó a Transporte un informe técnico con los tramos que convenía concesionar; Plencovich firmó el anexo el 6 de octubre y el decreto lleva fecha del 12 de noviembre. Ese informe, que es el que tiene el mapa real, todavía no se publicó. Y hay una ironía: la autoridad de aplicación de los contratos será la propia Vialidad, el organismo que el Gobierno intentó disolver y cuya disolución frenó la justicia federal. En las etapas anteriores, pese al llamado internacional, los corredores quedaron en grupos locales como Grupo Corven, CPC, la constructora de Cristóbal López, la de la familia Cartellone, Basaa y Cecosa.
Lo que sigue es saber cuánto de cada ruta entra y cuántos corredores se van a armar. Son trazas con tránsito, pero menos que las ya entregadas, y la duda es si el peaje alcanza para mantenerlas y, encima, ampliarlas. El decreto habilita negocios complementarios, como paradores, servicios o publicidad, para engordar la caja. Si eso no cierra, quedan tarifas más caras para menos usuarios o algún aporte del Estado, algo que choca de frente con lo que el propio programa dice buscar: ayudar a eliminar el déficit.
Con información de Clarín, TN y La Nación
Foto: TN
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