El expresidente de Paraguay Santiago Peña seguirá detenido mientras avanza la causa por la caída de Ueno Bank. El juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú le dictó la prisión preventiva este sábado y dispuso que permanezca alojado en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, el mismo lugar al que había sido trasladado de urgencia en la medianoche anterior. La resolución llegó apenas un día después de que el Senado lo destituyera por "mal desempeño de funciones".
La Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor; según el fiscal Christian Benítez, ambos delitos en su modalidad agravada prevén penas de hasta diez años de prisión. Clarín agregó que también se mencionó el tráfico de influencias y que se dictó una inhibición general de bienes. La acusación sostiene que Peña "habría intervenido" en la colocación y renovación de grandes sumas de dinero de entidades públicas y previsionales en el banco, y que tenía acciones equivalentes al 1,58% de Ueno Holding, que vendió en 2025, ya como presidente.
El escándalo estalló con la intervención y posterior resolución de Ueno por problemas de solvencia, una caída que alcanzó a unos 2,94 millones de clientes, entre ahorristas, jubilados y organismos del Estado. Entre los depositantes públicos aparecen el Instituto de Previsión Social, cajas jubilatorias y las binacionales Itaipú y Yacyretá. Itaipú, la represa que Paraguay comparte con Brasil, presentó una denuncia para intentar recuperar los US$1638 millones que tenía depositados en la entidad, según la cobertura en vivo de Clarín.
La audiencia tuvo momentos tensos. Peña llegó a la Fiscalía con camisa blanca, escoltado por un grupo reducido de custodios y por una entrada lateral, mientras afuera se concentraban periodistas y damnificados. Las autoridades habían trasladado la diligencia a esa sede para garantizar condiciones de seguridad, ya que afuera crecía la concentración de gente. Lo acompañó su abogado, Ricardo Preda, quien había pedido que, si se ordenaba la detención, se cumpliera en la cárcel militar de Viñas Cué. Según el juez, el exmandatario se negó a declarar. Otazú justificó la medida para "garantizar su sometimiento" al proceso y evitar una eventual fuga.
Consultado sobre por qué no lo enviaba al ex penal de Tacumbú, el magistrado deslizó un argumento que llamó la atención: dijo que se tuvo en cuenta "toda la información" que Peña pudo haber manejado, incluida la referida "al crimen organizado". En la misma causa quedó imputado y detenido Carlos Carvallo, que fue CEO de Ueno y luego presidente del Banco Central del Paraguay hasta su renuncia esta semana. Los fiscales indicaron que los bienes que eventualmente se confisquen podrían usarse para devolver fondos faltantes.
Mientras tanto, Pedro Alliana, que ocupaba la vicepresidencia, empezó a gobernar desde el Palacio de López y armó su gabinete con Ariel Martínez en el Interior y Rolando de Barros al frente del Gabinete Civil. El presidente interino del Banco Central, Pedro Acosta, informó que 1.196.000 personas ya cobraron la garantía estatal, por unos US$160 millones, y varios bancos abrieron el fin de semana para que los afectados abran cuentas nuevas. El nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, admitió que quedaron "casi nocaut" y anticipó que pedirán ayuda a países aliados para rastrear el dinero.
En lo inmediato, la investigación seguirá en manos de los fiscales Nancy Salomón y Benítez, que deberán reconstruir qué decisiones llevaron a que organismos estatales depositaran en Ueno montos que superarían los US$230 millones. La defensa de Peña ya había advertido ante los senadores que acudiría a tribunales internacionales porque considera nulo el juicio político. En el plano diplomático, Alliana recibió el respaldo de Estados Unidos, Bolivia y Perú, y la Cancillería paraguaya sostuvo que el país salió "fortalecido de esta crisis puntual".
Con información de Infobae y Clarín
Foto: Clarín
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