El Gobierno decidió retirar de la Cámara de Diputados el proyecto completo de Ley de Competitividad Financiera, luego del revuelo que provocó uno de sus artículos: el que buscaba gravar con el Impuesto a las Ganancias las inversiones hechas a través de CEDEARs. En un primer momento se había anunciado que solo se eliminaría ese apartado, pero horas más tarde tanto en la Casa Rosada como en el bloque libertario confirmaron que se bajará la iniciativa entera para revisar cada uno de sus artículos antes de volver a enviarla.
Los CEDEARs son certificados que se compran y venden en el mercado local pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan en el exterior, y se volvieron una de las vías preferidas de los ahorristas argentinos para dolarizarse e invertir en empresas globales. El artículo polémico proponía que tributaran igual que la compra directa del activo afuera, bajo el criterio de "transparencia fiscal". Según el tributarista Sebastián Domínguez, la alícuota podría haber sido del 15% y alcanzaba a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026.
El proyecto había llegado a la Cámara de Diputados a comienzos de esta semana con 240 artículos y la firma de Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva, y retomaba anuncios que Javier Milei había hecho en julio. Además del capítulo impositivo, incluía cambios de fondo en el mercado de capitales: habilitaba el uso de tecnologías como blockchain para emitir y negociar valores, creaba nuevos ámbitos de negociación para plataformas digitales y proveedores de activos virtuales, repartía funciones entre el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, ampliaba los bienes que pueden servir de garantía para un crédito y proponía un Sistema Federal de Registro de Garantías.
La primera señal de retroceso la dio Felipe Núñez, titular del BICE y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, que en X atribuyó el artículo a "un borrador viejo" y adelantó que se iba a retirar. Sin embargo, según reconstruyó Infobae con varias fuentes oficiales, no se trató de un descuido: la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy, había advertido sobre el punto de los CEDEARs, y aun así Economía dio luz verde. El tema incluso se había debatido durante media hora en una reunión de la Mesa Política con Federico Sturzenegger.
La consecuencia inmediata es que se frena en seco el tratamiento parlamentario de una reforma que el oficialismo presentaba como clave para dinamizar el crédito y el mercado de capitales. El traspié llega en una semana cargada: la agenda del Congreso ya estaba demorada por las elecciones en Estados Unidos y la visita del papa León XIV, y el Gobierno todavía negocia el Presupuesto 2027 con gobernadores y bloques dialoguistas, en medio de tensiones internas dentro del propio espacio libertario.
El proyecto también traía cambios pensados para las pymes y para el financiamiento cotidiano: cláusulas de actualización e indexación en pagarés, títulos electrónicos para los cobros con tarjeta, modificaciones en cheques, warrants, fideicomisos y facturas de crédito electrónicas, y la posibilidad de que los fondos comunes de inversión compren activos virtuales bajo reglas de la CNV. Todo eso queda ahora en pausa. Entre inversores y operadores, la marcha atrás fue leída como un alivio, aunque también dejó dudas sobre la coordinación entre las áreas del Gobierno que diseñaron la iniciativa.
Lo que sigue es una revisión integral del texto antes de su reenvío al Congreso, sin fecha confirmada. Nadie en el oficialismo descartó del todo que la idea de equiparar el tratamiento impositivo de los CEDEARs vuelva a aparecer más adelante, de modo que el mercado seguirá atento a la letra chica de la nueva versión. Por ahora, quienes invierten a través de estos certificados mantienen el mismo régimen que tenían, y el Gobierno deberá reconstruir el apoyo político para una reforma que ya nació golpeada.
Con información de Infobae y TN
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