El Gobierno de Javier Milei eligió bajarle el tono a la represalia de Irán y, por ahora, no piensa sumar seguridad a los jefes de las Fuerzas Armadas. Mientras la Cancillería difundía un rechazo formal a la decisión de Teherán de catalogar como "organizaciones terroristas" a la Armada y a la Fuerza Aérea, en la conducción militar se instaló una lectura más fría: el anuncio sería un gesto político de respuesta y no una amenaza operativa concreta contra los mandos ni contra las bases.
El comunicado oficial argentino fue tajante. Allí se sostiene que la medida iraní no tiene "fundamento" alguno y que representa una "acusación inadmisible" contra instituciones subordinadas a la Constitución Nacional, que actúan dentro de las leyes del país, el derecho internacional y los tratados vigentes. El texto, además, volvió sobre los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994, cuya autoría la Justicia argentina atribuye al régimen persa, y le exigió que coopere de lleno y entregue a los acusados a los tribunales locales.
La pulseada tiene una historia reciente. En enero, la gestión libertaria incluyó a la Fuerza Quds y a trece personas vinculadas en el registro de entidades terroristas, y el 31 de marzo extendió esa calificación al conjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica, algo que quedó formalizado en abril en el RePET. En ese mismo mes, el país expulsó al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani. Teherán contestó ahora con una ley propia de 2019 y el argumento de la reciprocidad, el mismo mecanismo que a comienzos de noviembre ya había usado contra las fuerzas del Reino Unido.
En el oficialismo las respuestas llegaron rápido y por redes. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, escribió en X que ser señalados como terroristas por "un Estado terrorista" deja en claro de qué lado está el país. El diputado y exministro de Defensa Luis Petri avisó que no se van a dejar "amedrentar", mientras Sabrina Ajmechet y María Emilia Orozco sumaron mensajes de respaldo. Desde la vereda opuesta, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, apuntó contra el alineamiento geopolítico del Gobierno por exponer a todos los argentinos.
En términos prácticos, el impacto inmediato es acotado. Según las fuentes oficiales consultadas, no existe un protocolo que obligue a cambiar las custodias frente a una designación de este tipo y no se confirmaron dispositivos nuevos para viajes al exterior de los altos mandos. Igualmente, en Casa Rosada prometen tomar "todos los recaudos necesarios" y aclaran que cualquier paso preventivo saldrá de los organismos competentes. La resolución iraní tampoco detalló acciones concretas, no mencionó a funcionarios ni a instalaciones y dejó afuera al Ejército Argentino.
El anuncio cae sobre un esquema de alerta que ya estaba en marcha. El 28 de febrero, con el inicio de la guerra en Medio Oriente, la Oficina del Presidente ordenó reforzar la vigilancia en infraestructura crítica, sedes de la comunidad judía y representaciones extranjeras, junto con un control fronterizo especial que articula a los servicios de inteligencia, Migraciones y las fuerzas federales. Ese dispositivo sigue vigente y no se informaron cambios. Una fuente judicial consultada por La Nación encuadró la reacción iraní en la lógica de la llamada "guerra híbrida".
Lo que viene se juega, sobre todo, en los tribunales. La causa AMIA avanza hacia un juicio en ausencia: el juez Daniel Rafecas procesó en septiembre a ocho acusados, entre ellos exfuncionarios iraníes como Alí Akbar Velayati y Ahmad Vahidi, y el 24 de noviembre la Sala I de la Cámara Federal escuchará a las partes antes de decidir si confirma esos procesamientos. Si lo hace, el debate oral podría arrancar entre 2027 y 2028, un horizonte que mantendrá abierta la tensión diplomática con Teherán.
Con información de TN, Infobae y La Nación
Foto: TN
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