Foto: TN (Nucleoeléctrica Argentina)
El Gobierno avanzó un casillero más en uno de los procesos de privatización más sensibles de su agenda. A través de un edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se modificó el estatuto de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la compañía que opera las tres centrales nucleares del país, y se fijó su capital social en $6,69 billones. Es un paso técnico, pero necesario, para poner en marcha la venta parcial de la firma y el programa que permitirá a sus trabajadores convertirse en accionistas. La decisión reactiva un expediente que el Gobierno había lanzado hace más de un año y que ahora entra en su etapa decisiva.
Los números del plan ya estaban definidos. Según informó TN, el Estado venderá en bloque el 44% de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que hasta un 5% quedará reservado para un Programa de Propiedad Participada destinado al personal. El 51% restante seguirá en manos del Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que conservarán así la mayoría del capital y el control de la empresa.
Hoy el paquete accionario está repartido entre el Ministerio de Economía, con el 79%; la CNEA, con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), con el 1% restante. La compañía tiene a su cargo Atucha I, fuera de servicio desde septiembre de 2024 por las obras para extender su vida útil, Atucha II y Embalse. Entre las tres suman una potencia instalada de 1763 megavatios y aportan alrededor del 7% de la energía eléctrica que consume el país. Se trata de una pieza relevante del sistema eléctrico nacional, con plantas ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
La venta parcial fue habilitada por la Ley Bases, sancionada en julio de 2024, que incluyó a Nucleoeléctrica entre las empresas públicas sujetas a privatización. El esquema quedó formalizado con el decreto 695, firmado el 29 de septiembre de 2025, que autorizó el procedimiento bajo la modalidad de venta de acciones y encargó al Ministerio de Economía llevarlo adelante con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Ese mismo decreto aclaró que no habrá otra preferencia para compradores más allá del programa destinado a los empleados.
Desde el área energética sostienen que la llegada de capital privado es la llave para financiar obras estratégicas. Según explicó en su momento la Secretaría de Energía, los fondos servirán, entre otras cosas, para completar la extensión de vida de Atucha I, que prevé volver a generar en 2027, y para construir el segundo Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados, conocido como ASECG II. El argumento oficial es que el ingreso de inversores permitirá ampliar el acceso al financiamiento y diversificar riesgos.
El caso tiene una particularidad que lo distingue de otras privatizaciones: el Estado no se desprende del control. Al quedarse con el 51%, el Gobierno mantendrá la mayoría en una actividad estratégica y fuertemente regulada como la generación nucleoeléctrica. La participación de los trabajadores, por su parte, busca darles un lugar en la propiedad de la compañía, una herramienta prevista en la vieja Ley de Reforma del Estado, la 23.696, que se utilizó en las privatizaciones de los años noventa. La resolución 1751 instruyó además a la Secretaría de Energía a realizar un inventario de bienes tangibles e intangibles que puedan incidir en la valuación de las acciones.
Con el estatuto ya adecuado y el capital fijado, el próximo paso será el llamado a licitación para el paquete del 44%. La resolución 1751 del Ministerio de Economía, publicada en noviembre de 2025, había dado un plazo de doce meses para concretar la operación, por lo que el calendario empieza a apurar. En el mercado estarán atentos a qué grupos locales o extranjeros se presentan, a la valuación final de la empresa y a las condiciones que fije el pliego para un negocio con fuerte peso en la matriz energética.
Con información de TN y el Boletín Oficial
No hay comentarios
Publicar un comentario