La privatización del Belgrano Cargas tendrá que esperar un poco más. El Gobierno oficializó este miércoles la postergación de la licitación para concesionar las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, y aprovechó para flexibilizar algunas de las exigencias para las empresas interesadas. La apertura de ofertas, prevista para el 11 de noviembre, se corrió al 21 de diciembre.
El cambio quedó plasmado en la Resolución 1914/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo cronograma fija que las consultas sobre los pliegos podrán presentarse hasta el 3 de diciembre a las 10, mientras que la recepción de propuestas cerrará el 21 de diciembre a las 9:59. Ese mismo día, a las 10, se abrirán los sobres de la primera etapa a través del sistema CONTRAT.AR.
Según los fundamentos oficiales, la prórroga responde a pedidos de compañías que necesitaban más tiempo para inspeccionar en el terreno las instalaciones ferroviarias y analizar a fondo las inversiones que deberán afrontar. La decisión llega pocas semanas después de un golpe para el proceso: Grupo México, el único competidor extranjero, anunció que no participaría, a pocos días del vencimiento del plazo original. La compañía, que proyectaba invertir US$3.000 millones en cinco años, cuestionó el modelo de acceso abierto y defendió un esquema de integración vertical como el que usa en México y Estados Unidos. En el Gobierno respondieron que la empresa conocía esas reglas desde hacía más de dos años y que nunca se evaluó cambiarlas.
Entre los principales interesados que siguen en carrera figura un consorcio de cerealeras integrado por AGD, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y ACA, actores que dependen del tren para llevar la cosecha a los puertos. Para ellos, el diseño de la concesión es clave: el esquema oficial apunta a que la tarifa ferroviaria sea al menos un 35% más barata que la del camión, una diferencia que puede cambiar la ecuación logística del agro.
La resolución introdujo modificaciones en las condiciones financieras. Ahora, la solvencia de un oferente podrá acreditarse mediante hasta dos integrantes que funcionen como socios financieros, y cada uno deberá mostrar índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno. Eso abre la puerta a consorcios más amplios que repartan el riesgo. Sin embargo, quien quiera competir por más de una línea tendrá que demostrar el patrimonio neto exigido para cada corredor por separado. Para el RIGI, los interesados deberán elegir entre una "Oferta A" o una "Oferta B", según pidan o no entrar al régimen, y quienes opten por el beneficio tendrán que constituir una segunda garantía de mantenimiento de oferta.
El negocio en juego es enorme. La licitación abarca la concesión por 50 años de 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones a los principales puertos y a países vecinos. El modelo separa la infraestructura, el material rodante y los talleres, y aplica el régimen de acceso abierto, que permitirá que distintos operadores usen las mismas vías pagando un peaje con bandas mínimas y máximas por línea. Los pliegos fijan obras obligatorias en los primeros cinco años y suman trabajos optativos que también se evaluarán.
No hay un monto único de inversión: el desembolso final dependerá de las obras comprometidas por cada adjudicatario, que además podrá pedir su adhesión al RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones, si cumple los requisitos. Con la nueva fecha, el Gobierno apuesta a sumar competidores y cerrar antes de fin de año una de las privatizaciones más importantes de la gestión de Javier Milei. La gran pregunta es si el corrimiento alcanzará para atraer ofertas firmes o si el proceso volverá a estirarse en 2027.
Con información de Infobae y TN.
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