El Gobierno restringe huelgas y amplía servicios esenciales

Mediante el Decreto 345/2025, el presidente Javier Milei declaró nuevas actividades como esenciales, incluyendo sectores del transporte terrestre, ferroviario, aerocomercial, energético, sanitario y comunicacional, entre otros. La medida, firmada junto al ministro de Trabajo, Raúl Aragón, busca evitar paralizaciones totales en estos rubros durante conflictos laborales, estableciendo que al menos el 75% de los servicios debe mantenerse operativo incluso en caso de movilización. Esta decisión ya generó fuertes críticas de sindicalistas, quienes la calificaron como un “ataque directo al derecho colectivo de los trabajadores”.

El texto oficial establece que cuando se declare una huelga en cualquiera de las actividades mencionadas, deberá garantizarse la continuidad mínima mediante personal designado por el empleador o por listados propuestos por el sindicato correspondiente. Además, se fija que las organizaciones gremiales deberán informar previamente cuáles serán los días y horarios de paro, bajo riesgo de sanciones legales. En ese sentido, el decreto indica: “No podrán suspenderse total o parcialmente las actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de este régimen sin asegurar la provisión mínima del setenta y cinco por ciento de la prestación habitual”.

Esta iniciativa se enmarca en una serie de decisiones gubernamentales orientadas a desregular el mercado laboral, en línea con el discurso económico del presidente. Durante la presentación del decreto, Milei sostuvo que Argentina necesita dejar atrás “prácticas anacrónicas” que afectan la productividad y generan perjuicios sociales innecesarios. “Los servicios esenciales no pueden depender de caprichos políticos o de intereses sectoriales”, aseguró. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta medida forma parte de un plan para “atraer inversión y generar empleo genuino”.

Un endurecimiento del marco laboral

Más allá del impacto inmediato en el movimiento obrero, el decreto también modifica el rol de los sindicatos en la gestión de conflictos. Ahora, cualquier huelga deberá tener un plazo máximo de **cinco días corridos**, salvo que se renueve con autorización judicial, algo que antes no era necesario. Esta disposición fue interpretada por varios líderes sindicales como una maniobra para debilitar el poder de negociación colectiva y reducir la capacidad de protesta legal.

Además, se establece que las empresas puedan contratar personal ajeno a los registros gremiales mientras dure la interrupción laboral. Esta cláusula generó preocupación entre los trabajadores, que temen por posibles represalias empresariales hacia quienes participen de futuras medidas de fuerza.

Rechazo de los gremios y convocatoria a movilización

Ante la nueva normativa, las principales centrales sindicales ya anunciaron que analizan presentar recursos judiciales y movilizaciones en rechazo al decreto. Desde la CGT local señalaron que “no vamos a permitir que se desconozca el derecho constitucional a la protesta social y al reclamo laboral”. Mientras tanto, desde la CTA Autónoma advirtieron que esta medida “pone en peligro décadas de derechos conquistados y abre la puerta a la precarización extrema”.

En las próximas horas se espera una declaración conjunta de los gremios afectados, mientras el gobierno insiste en que la medida apunta a modernizar el mercado laboral y proteger al ciudadano común de suspensiones injustificadas. Mientras tanto, el debate entre derechos laborales y reforma económica promete intensificarse en los próximos días.