Gobierno argentino endurece el régimen migratorio: ¿Qué implica la nueva normativa y quiénes están afectados?

El presidente Javier G. Milei anunció este martes una profunda modificación del Régimen Migratorio de Argentina, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que busca instaurar "orden y sentido común" en un sistema que, según el Gobierno, había sido "desvirtuado". El comunicado oficial, emitido por la Oficina del Presidente, detalla una serie de medidas destinadas a regularizar la entrada de extranjeros al país, controlar el uso de servicios públicos y establecer nuevos requisitos para obtener residencia o ciudadanía.

Uno de los puntos más destacados es la prohibición de ingreso a cualquier extranjero condenado por delitos, incluso aquellos considerados menores. Además, se establece que quienes cometan delitos en territorio argentino serán deportados, sin importar la gravedad de la pena. Esto marca un cambio radical respecto a las políticas migratorias anteriores, que permitían cierta flexibilidad para algunos casos.  

Además, el decreto introduce nuevas exigencias económicas y sanitarias. A partir de ahora, los residentes transitorios deberán pagar por los servicios de salud y contar con un seguro médico al momento de ingresar al país. Este ajuste responde a la preocupación por la sostenibilidad del sistema público, ya que durante 2024, la atención médica a extranjeros en hospitales nacionales generó un gasto de $114 mil millones. Según el Gobierno, esta medida busca evitar que los pagadores de impuestos locales financien servicios que no son suyos, como los denominados "tours sanitarios".

¿Cómo impactará en las universidades y la obtención de residencia? 

Otra de las medidas clave apunta a las Universidades Nacionales. Ahora, estas instituciones podrán optar por cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que cursen programas educativos dirigidos a residentes temporarios. Sin embargo, se aclara que el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria seguirá garantizado para todos los residentes, manteniendo así la equidad con los ciudadanos argentinos.

En cuanto a la obtención de la Carta de Ciudadanía, el proceso se endurece significativamente. Desde ahora, solo se otorgará en dos casos: a quienes hayan residido de manera continua en el país durante dos años, o a quienes hayan realizado una inversión relevante para Argentina. Para obtener la residencia permanente, será necesario acreditar medios de vida suficientes y carecer de antecedentes penales. Estas nuevas reglas buscan asegurar que los beneficiarios sean personas que contribuyan positivamente al desarrollo del país.

El comunicado finaliza con un mensaje directo a quienes deseen residir en Argentina: "Sepan todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, que en este país dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada." Esta frase resume la filosofía detrás de las nuevas medidas, que buscan reforzar la seguridad jurídica, proteger los recursos públicos y garantizar que el sistema migratorio sea justo y transparente.  

Con estas reformas, el Gobierno nacional busca revertir lo que define como una situación de "abuso de recursos" por parte de algunos extranjeros, mientras también promete mantener los derechos fundamentales de los residentes legales. Sin embargo, las críticas ya comienzan a surgir desde sectores que advierten sobre posibles efectos colaterales en áreas como la educación, el turismo y la integración regional.