Fuerte cambio en la asistencia social: el Gobierno limita su intervención a personas en situación de calle y delega en las provincias

El Gobierno de Javier Milei ha dado un paso significativo en su política social, limitando la intervención directa del Estado nacional en la asistencia a personas en situación de calle y delegando gran parte de esta responsabilidad a las provincias y municipios. La medida, formalizada a través del Decreto 373/2025, modifica la ley que garantiza los derechos de esta población vulnerable, en línea con la estrategia oficial de reducir el rol del Estado central.

Con esta nueva normativa, el gobierno nacional asumirá un rol de "órgano rector", encargado de aprobar lineamientos y coordinar acciones. Sin embargo, su asistencia directa se restringirá a aquellas situaciones donde las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demuestren carecer de capacidad técnica, humana o financiera para abordar la problemática.

Más autonomía provincial y un nuevo rol para la Secretaría de Niñez y Adolescencia

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la encargada de coordinar las acciones entre las distintas jurisdicciones y de monitorear el uso de los fondos que se transfieran para este fin. Cada provincia y municipio tendrá ahora la potestad de diseñar sus propias estrategias de intervención, siempre respetando los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Según el gobierno, esta reconfiguración busca permitir un rediseño más eficiente de las políticas públicas y una mejor reasignación de los recursos. La medida se enmarca en la estrategia gubernamental de reducir la intervención estatal y reconfigurar las competencias entre la nación y las jurisdicciones locales, bajo un modelo de federalismo más pronunciado.

Impacto y desafíos: la mirada hacia la situación de calle en un nuevo escenario

La delegación de responsabilidades a las provincias y municipios plantea un nuevo escenario para la asistencia a personas en situación de calle. Si bien el gobierno argumenta que busca una mayor eficiencia, la implementación de estas políticas dependerá en gran medida de la capacidad y los recursos de cada jurisdicción.

La decisión de limitar la intervención directa del Estado nacional genera debate sobre el alcance de la protección social y el rol del gobierno central frente a problemáticas urgentes. La situación de las personas en situación de calle, un tema sensible y complejo, se convierte así en un desafío mayor para las administraciones provinciales y municipales en este nuevo esquema de responsabilidades.