Foto: Maxie Amena / La Nación
Cristina Kirchner y su hijo Máximo se preparan para atravesar uno de los momentos judiciales más delicados de su historia. El viernes 23 de octubre arranca en Comodoro Py el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que ambos están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero a través de los hoteles y las propiedades de la familia. Será la primera vez que el diputado nacional se siente en el banquillo de los acusados.
En septiembre, el Tribunal Oral Federal 5 había decidido separar los dos expedientes en procesos distintos, pero esa jugada de las defensas podría caerse en los próximos días. La Cámara Federal de Casación analiza el pedido de los fiscales para volver a unificarlos y que ambos juicios avancen en simultáneo. En total, hay 19 acusados.
Para la fiscalía, el circuito tenía dos tiempos. Primero, los grupos de Lázaro Báez y de Cristóbal López y Fabián De Sousa se quedaban con fondos públicos a través de la obra pública y otros negocios con el Estado. Después, una parte de ese dinero volvía a los Kirchner disfrazada de alquileres de hoteles y departamentos. Ese pago de “alquileres” es, según la acusación, la pieza que le daba apariencia legal a la plata.
Los números que exhiben los fiscales son contundentes. Los Sauces facturó casi 26 millones de pesos en alquileres entre 2009 y 2016, y el 88% de esa suma salió de empresas de Báez y del Grupo Indalo. Valle Mitre, la firma de Báez que gerenciaba los hoteles, apenas facturaba unos 430.000 pesos al año cuando solo manejaba un restaurante; aun así, se hizo cargo de dos hoteles, y solo Austral Construcciones le giró más de 70 millones de pesos. El Alto Calafate, además, se pagó en 2008 con más de 3,1 millones de dólares en efectivo.
La acusación ubica a Néstor y Cristina Kirchner como jefes de una asociación ilícita que habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, y a Máximo entre los organizadores, junto a Julio De Vido, José López, Báez, López, De Sousa, Osvaldo Sanfelice y el excontador Víctor Manzanares. Este último asoma como un testigo clave: estaría dispuesto a declarar y a aportar documentación comprometedora para la familia.
El calendario judicial se cruza con el político. La expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad y, aun así, busca pesar en la interna peronista rumbo a 2027, en plena tensión con Axel Kicillof. Hacer campaña desde el banquillo podría complicar esos planes. Mientras tanto, en El Calafate, el Alto Calafate y Las Dunas siguen funcionando y el boutique Los Sauces está cerrado desde 2016. Todas las miradas están puestas ahora en la Casación, cuya decisión sobre la unificación se espera en los próximos días.
Con información de La Nación y Clarín.


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