Foto: Clarín
La pulseada entre el gobierno porteño y el gremio del subte escaló a un nivel pocas veces visto. Desde Madrid, donde participa de un encuentro internacional de ciudades, el jefe de Gobierno Jorge Macri respaldó sin matices la detención de dirigentes de Metrodelegados y avisó que no piensa retroceder: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”. Mientras tanto, las seis líneas de la red y el Premetro seguían paralizadas por tiempo indeterminado y miles de pasajeros tuvieron que rearmar su día sobre la marcha.
Todo empezó temprano en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la Línea B en Villa Urquiza. Allí, trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) liberaron molinetes y abrieron puertas de emergencia para que la gente viajara gratis, en protesta contra la tercerización de tareas de mantenimiento y contra sanciones que consideran abusivas. Ante la consulta policial, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, ordenó frenar la medida y después dispuso la detención por desobediencia del delegado Sebastián Carrizo, que terminó atrincherado en una oficina.
Cuando los agentes de la División Subtes de la Policía de la Ciudad intentaron llevárselo, intervinieron Claudio Dellecarbonara, uno de los referentes históricos del sindicato, y el delegado Facundo Heredia. Según la versión policial, ambos entorpecieron el procedimiento al bajar con el imputado hacia los andenes, y quedaron detenidos en el Centro de Admisión y Derivación Norte, en Chacarita. Más tarde también fue arrestado el secretario general, Néstor Segovia, acusado de agredir a los efectivos, aunque recuperó la libertad poco después del mediodía. Minutos antes de las 10, el gremio ya había cortado el servicio en toda la red.
La respuesta de Macri llegó por la red social X, con un tono durísimo: “Lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, escribió, y agregó que no permitirá que le “jodan la vida a millones de personas para defender sus curros”. Del otro lado, el delegado Jorge “Tano” Pisani acusó al gobierno de querer “escarmentar” a los trabajadores y comparó la actitud porteña con la del presidente Javier Milei. La CGT repudió la detención, a la que calificó de “arbitraria e injustificada”, y advirtió que se trata de un hecho de extrema gravedad que no puede naturalizarse.
El impacto en la calle fue inmediato. En Constitución y otras cabeceras, miles de usuarios salieron a buscar colectivos, armaron filas interminables y gastaron más para llegar a sus trabajos. Más tarde hubo incidentes en Triunvirato y Monroe, en las inmediaciones de la estación, cuando la policía desalojó un corte de manifestantes que apoyaban al gremio: hubo empujones, gas pimienta y un detenido, Luciano Corradini, delegado de la empresa GPS. Los diputados de izquierda Myriam Bregman, Vanina Biasi y Nicolás del Caño se acercaron para mediar entre los efectivos y los manifestantes.
El secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, sostuvo que las detenciones se hicieron por orden judicial y que se esperaba una nueva instrucción para avanzar con Carrizo. La Ciudad recordó que el subte fue declarado servicio esencial en junio y, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, dictó una resolución que intima a garantizar al menos el 50% de cobertura en cada línea, con advertencia de sanciones y un llamado urgente a reunión entre las partes. Segovia, tras ser liberado, apuntó contra Emova, la concesionaria, por las suspensiones a trabajadores, y advirtió que el conflicto puede agravarse.
El panorama para las próximas horas sigue abierto. Los metrodelegados repiten que no habrá servicio hasta que liberen a todos sus compañeros, mientras la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó para esta tarde a una conferencia de prensa en su sede de la avenida Jujuy para anunciar los pasos a seguir, y no descarta que otros gremios del sector se sumen con medidas propias. Si eso ocurre, la protesta podría trascender el subte y convertirse en un problema de transporte mucho más amplio para el AMBA, justo cuando el gobierno porteño eligió hacer del conflicto una bandera de “ley y orden”.
Con información de La Nación, Clarín y TN
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