Motosierra recargada: el Gobierno lanzó un nuevo retiro voluntario y unos 20.000 estatales podrán anotarse

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El Gobierno vuelve a la carga con el achique del Estado. A través del Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días.

Según cálculos oficiales, unos 20.000 empleados están en condiciones de pedir la salida. El plan apunta al personal de planta permanente encuadrado en la Ley 25.164 y a quienes tienen contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley 20.744, en áreas como Presidencia, la Jefatura de Gabinete, los ministerios, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Las compensaciones dependen de la edad, los aportes y la antigüedad, y se ordenan en tres grupos. Las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse podrán elegir entre una gratificación única o cobrar el 60% del sueldo bruto durante hasta 36 meses. En esa misma franja de edad, quienes sumen al menos 30 años de aportes recibirán un sueldo por año de antigüedad, con topes, más cinco salarios extra. El resto cobrará un sueldo por año trabajado, hasta un máximo de 20, más un adicional de cuatro o cinco según tengan menos o más de 15 años de servicio: en total, hasta 25 sueldos.

Las condiciones son duras. Quien adhiera perderá su puesto, que será eliminado del presupuesto, y no podrá volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años. Tampoco podrán anotarse quienes tengan causas penales o sumarios graves pendientes ni quienes tengan una renuncia en trámite, y los que mantengan reclamos judiciales contra el Estado deberán desistir. Quedan afuera los contratados transitorios, los organismos descentralizados como la ANSES, las Fuerzas Armadas y de seguridad y el Servicio Exterior.

La última palabra la tendrá cada jurisdicción. Los ministerios y secretarías contarán con 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para responder, y podrán rechazar los pedidos si la baja afecta la prestación de servicios. Si en ese plazo no hay una aceptación expresa, la solicitud se dará por rechazada.

La medida forma parte de la “motosierra” que impulsan Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes firmaron el decreto junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. El Gobierno sostiene que suprimir esos cargos mejorará la gestión de los recursos del Estado. El antecedente más cercano es la ANSES, que en septiembre cerró la segunda etapa de su propio plan de retiros, con compensaciones de hasta 19 haberes brutos. Ahora resta saber cuántos estatales se suman en noviembre, en un escenario en el que los datos del Indec ya muestran una caída sostenida del empleo público.

Con información de Infobae y TN.