Foto: Infobae (Reuters)
Con la morosidad de las familias en los niveles más altos de las últimas dos décadas y el crédito a las empresas en retroceso, el Gobierno puso el financiamiento en el centro de su agenda. El Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) ultiman un paquete de cinco medidas para flexibilizar las garantías, sumar al mercado de capitales y bajar el costo de los préstamos para hogares, comercios y pymes, con el objetivo de consolidar la reactivación del crédito en pesos.
El plan fue presentado por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, primero en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y luego ante inversores internacionales en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Bangkok. Según su diagnóstico, aunque la mora sigue alta, los préstamos en situación irregular empezaron a bajar tras el impacto rezagado del shock electoral, mientras crece la refinanciación de deudas de los hogares. Sobre esa base, el Central cree que el ciclo de crédito puede recuperar dinamismo.
Dos de las herramientas apuntan a los préstamos personales. Para los empleados públicos, se eliminará el tope a la tasa de interés de los créditos que se cobran con descuento de haberes y el código de descuento podrá transferirse a otra entidad habilitada, lo que da más seguridad a quien compra una cartera ya otorgada. Para los trabajadores privados, la idea es centralizar los pagos a través de Coelsa, la cámara electrónica de compensación: el empleado decidirá a dónde van los fondos y el empleador no tendrá tareas extra. Según Clarín, este mecanismo surge de la reforma laboral y antes solo podían usarlo las mutuales sindicales.
La tercera medida está pensada para los comercios, que hoy deben esperar los plazos de acreditación para cobrar las ventas con tarjeta. El Gobierno quiere que esos cupones se conviertan en instrumentos digitales, negociables y transferibles, con categoría de título ejecutivo y cobro por vía sumarísima ante un incumplimiento. Podrían tener oferta pública y ser comprados por fondos comunes de inversión abiertos, de modo que los negocios consigan liquidez a tasas más bajas, con una lógica similar a la de los cheques electrónicos o las facturas de crédito que ya usan grandes empresas y pymes.
Las otras dos iniciativas buscan abaratar el financiamiento corporativo y dependen de la reforma de la Ley de Mercado de Capitales, que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso en los próximos días. Una es el Sistema Federal de Garantías, un registro centralizado administrado por el BCRA con los bienes ofrecidos como respaldo de préstamos prendarios y con colateral, que los bancos podrán consultar en tiempo real. La otra es elevar el límite de apalancamiento que los bancos pueden tomar con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que no prestan dinero sino que avalan a las pymes para que consigan mejores plazos y tasas.
Werning sostuvo que las condiciones para el despegue ya están: el costo de fondeo de los bancos es negativo en términos reales, bajo y estable, y las tasas ya cedieron para las empresas y empiezan a hacerlo para las familias. Como ejemplo, los créditos hipotecarios UVA otorgados en agosto tuvieron una tasa promedio de UVA más 6,9%. Al mismo tiempo, el funcionario descartó “atajos” con costos ocultos, como rescatar carteras morosas de los bancos, relajar la evaluación crediticia o reducir la protección de los depositantes.
El BCRA también puso el foco en un actor que no controla: los impuestos. Según la presentación, la carga tributaria explica 32 puntos porcentuales de la tasa de los préstamos personales, 46 puntos en las tarjetas de crédito, 13 en los documentos descontados por empresas y 3,3 en las hipotecas, sobre todo por Ingresos Brutos y las tasas municipales. Por eso, la conclusión del Central es que una baja del costo del crédito para los hogares requiere cambios en la política fiscal de provincias y municipios, más que nuevas decisiones de política monetaria.
Con información de La Nación, Clarín e Infobae
No hay comentarios
Publicar un comentario