Foto: La Nación
La Argentina se anotó otro triunfo en el pleito más caro de su historia. La jueza federal de Nueva York Loretta Preska firmó este lunes la sentencia final que deja sin efecto la condena de US$16.100 millones que ella misma había dictado en 2023 contra el país por la estatización de YPF. Con ese paso, la magistrada incorporó a su expediente lo que había resuelto la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en marzo y dio por cerrada la primera instancia del caso en los tribunales estadounidenses.
El documento, conocido en la jerga judicial como final judgment o sentencia definitiva modificada, no cambia el fondo de la cuestión: la indemnización multimillonaria ya había caído en marzo de 2026, cuando el tribunal de alzada revocó el fallo original. Lo que hace ahora Preska es acatar esa decisión y dejarla asentada en su juzgado. El dato relevante es otro: los demandantes habían pedido que ese cierre se demorara hasta saber si la Corte Suprema de Estados Unidos revisará el caso, y la jueza rechazó el planteo y avanzó igual.
El conflicto nació en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de la petrolera, que estaban en manos de la española Repsol. El estatuto de la compañía obligaba a quien tomara el control a lanzar una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas, algo que el Estado nunca hizo. Repsol cerró un acuerdo en 2014 por unos US$5.000 millones en bonos, pero los socios minoritarios del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueños del 25%, pagaban los créditos de su compra con dividendos que el Estado dejó de repartir, y terminaron en quiebra en España y sus derechos a litigar fueron adquiridos por el fondo Burford Capital, que demandó en 2015.
La noticia fue celebrada por quienes siguen de cerca el expediente. El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler escribió en X que, con las fórmulas rituales de “ordena, juzga y decreta”, Preska da por terminado el caso en Nueva York. Según su lectura, la orden “desestima el último intento de los demandantes de diferir el cierre del caso en Estados Unidos”, un resultado que solo podría revertir “una improbable decisión” del máximo tribunal norteamericano. Es decir, el intento de los demandantes de mantener viva la primera instancia mientras esperan a la Corte era su última carta en ese juzgado, y no prosperó.
En términos prácticos, el fallo consolida la posición argentina: por ahora la condena sigue anulada y no hay ninguna obligación de pago vigente en primera instancia. Para el Gobierno es un alivio en un frente que durante años funcionó como una amenaza latente sobre los activos del país en el exterior. Sin embargo, la pelea no está saldada, porque Burford, que litiga en nombre de Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, ya presentó un recurso para que la Corte Suprema revise lo decidido por la Cámara.
La causa tuvo a Preska como protagonista durante casi una década. La jueza, designada en 1992 por el expresidente George H. W. Bush, tomó el expediente en 2017 tras la muerte de Thomas Griesa, el primer magistrado del caso, y en septiembre de 2023 había fallado a favor de los demandantes con la condena más alta jamás impuesta a un país en cortes estadounidenses. El analista Sebastián Maril, que sigue el litigio, advirtió que todavía “no es el punto final”, porque la propia resolución deja abierta la puerta a que la jueza vuelva a intervenir si cambia el resultado.
Lo que viene ahora depende exclusivamente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Si rechaza el pedido de revisión, la victoria argentina quedará firme y el reclamo de US$16.100 millones pasará a la historia. Si, en cambio, decide tomar el caso, se abriría una nueva etapa del litigio, un escenario que los especialistas consideran poco probable. Mientras tanto, el expediente de primera instancia quedó cerrado y la balanza, por primera vez en mucho tiempo, se inclina claramente del lado de la Argentina, que consolidó así una victoria judicial clave.
Con información de TN, La Nación y Clarín
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